Los empresarios que formamos parte de las Cámaras de Comercio y de las Asociaciones Mixtas de Comercio, Industria y Producción del país afiliadas al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), ante la reciente Sentencias 155 y 156 del 30 de marzo de 2017 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expresamos lo siguiente:
- Rechazamos contundentemente los términos de dichas Sentencias, ya que dan al traste con los derechos y principios republicanos. Son absolutamente arbitrarias y confiscan principios constitucionales, al atribuirse facultades que son de la absoluta competencia de la Asamblea Nacional: los del ejercicio legislativo y los que correponden a la acción contralora, en representación de la ciudadanía que le designa por vía comicial para tales fines.
- Al desconocer el principio de la inmunidad parlamentaria, también lo hacen automáticamente de la facultad de control sobre la actuación del Ejecutivo Nacional y de los demás poderes públicos y, como consecuencia, de la institucionalidad democrática del país.
- El procedimiento constituye una verdadero desafuero jurídico al facultar a la presidencia de la República de posibilidades para tomar, sin ningún tipo de control, de contrapeso y de equilibrio, decisiones y coordinar actividades que no son de su competencia. Y, además, le da libre posibilidad para ejercer acciones apegadas a la arbitrariedad y a la usurpación de funciones.
- En el plano económico, las Sentencias promueven la profundización de la ya conocida crisis económica y social que incide en el sistema de vida de más de 30 millones de ciudadanos, al agravar los niveles de desconfianza y, consecuencialmente, de dudas sobre las bases de toda posibilidad de credibilidad en la eventualidad de la recuperación de dicha situación adversa. Adicionalmente, agravan toda la problemática que ha hecho posible dicha situación de crisis, al propiciar la más absoluta y total imposibilidad de que haya respuesta alguna en favor del país de parte de la inversión privada nacional e internacional.
- En el plano social, todo se traducirá en un mayor agravamiento de los niveles de escasez y de desabastecimiento, de desempleo, de inflación, como de la más absoluta destrucción del poder adquisitivo de la población venezolana.
- Con estas Sentencias, además, queda demostrada la evidente decisión de propiciar el secuestro total y absoluto de las instituciones públicas.Y, como consecuencia, del estado de derecho en el país, además de la soberanía popular que es ejercida por la representación institucional en la figura de la Asamblea Nacional por mandato electoral del 6 de diciembre de 2015. Asimismo, del mecanismo de control de la constitucionalidad, como de los derechos y garantías constitucionales.
- Ante el grave escenario general que propician dichas Sentencias, Consecomercio, siempre en nombre de sus afiliados, como de la ciudadanía emprendedora sectorial que interviene en el Comercio y la prestación de Servicios en todo el país:
- Hace un llamado a los demás poderes públicos al restablecimiento inmediato de la Constitución Nacional del país.
- Llama a la Fuerza Armada Nacional a garantizar el respeto a los derechos humanos, y al cumplimiento de su cometido constitucional: hacer posible que en Venezuela haya autonomía en el funcionamiento de los poderes públicos, del estado de derecho, de la institucionalidad democrática, además del imperio de la legalidad y el restablecimiento de la constitucionalidad en Venezuela.
- Insta a la ciudadanía a cumplir con su deber como depositaria de la soberanía popular, según está consagrado en el articulado en la Constitución Nacional, a exigirle a los demás poderes públicos y a la Fuerza Armada Nacional a que se produzca el restablecimiento inmediato de la efectiva vigencia de la Carta Magna.
- Llama a los países democráticos y a sus autoridades,como a los Organismos Internacionales y a la comunidad en general a estar atentos y alertas frente a los acontecimientos que se están presentando en Venezuela. Y, además, a hacer uso de la legislación internacional, para que se produzca una inmediata rectificación y el país pueda retornar al rumbo de un ordenamiento jurídico apegado a lo que establece la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Llama a los organismos gremiales que representa, como al sector en general, a declararse en situación de estado de emergencia, como lo demanda la situación que hoy vive el país, hasta que esa delicada situación se supere y los venezolanos puedan lograr, siempre unidos, el país que quieren construir para vivir y prosperar.
Ciudad Bolívar, 31 de marzo de 2017