En el marco de los llamados realizados por la Conferencia Episcopal de Venezuela, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), ratificamos nuestro compromiso de exigir el cumplimento de la Constitución Nacional y demás normas legales del ordenamiento jurídico vigente. Por lo cual rechazamos el llamado anticipado a las elecciones presidenciales hecha por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y al proceso electoral que activó el mismo Gobierno Nacional y que ha secundado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Somos un país de profundos principios democráticos. Consideramos el voto como la vía constitucional para expresar la voluntad de las mayorías, la solución a la crisis institucional, política, económica y social que vive Venezuela; pero, siempre y cuando, ese voto sea el resultado de un proceso electoral imparcial, transparente, justo, equilibrado y auditable. Son justamente esas las características que están ausentes en las próximas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo resultado no será reconocido por los venezolanos ni por la comunidad internacional.
Exhortamos a los distintos actores sociales y políticos del país a no convalidar un proceso viciado, que no ofrece ninguna garantía electoral y que solo profundiza la crisis de Venezuela a través del desconocimiento de los principios y los valores democráticos.
Exigimos al Gobierno Nacional y a los diferentes Poderes Públicos a rectificar y a garantizar la paz de nuestro país a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y que reflejen el genuino deseo de los electores venezolanos, tal como lo establece la Constitución y las normas legales del ordenamiento jurídico vigente.
Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a todos los actores sociales y políticos, a seguir abogando por unas elecciones que garanticen a los venezolanos, dentro y fuera de nuestro país, poder ejercer el derecho al voto libre, universal, directo y secreto.
Proponemos la conformación de una coalición de los actores sociales y políticos para que unidos seamos capaces de defender los principios republicanos de la nación, la libertad y la posibilidad real de podernos expresar, como una clara manifestación de los derechos humanos.
Seguiremos defendiendo la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Caracas, 17 de febrero del 2018.