Caracas, 02.08.2017.- La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECAMARAS- reitera su preocupación por la profunda inestabilidad política, social y jurídica que ha originado el proceso constituyente ejecutado por el Gobierno Nacional.
Deploramos el clima de protestas, conflictividad, violencia y represión desmedida en que ha estado enmarcado el proceso constituyente, que tan solo el domingo 30 de julio, estuvo signada por la pérdida de 16 vidas humanas, cientos de venezolanos heridos y otros detenidos arbitrariamente, así como por actos de irrespeto a la inviolabilidad del hogar y de la propiedad privada, en violación de los derechos humanos.
Preocupan al sector empresarial los cuestionamientos a nivel nacional e internacional sobre el proceso constituyente. Ya más de 20 países y varias organizaciones internacionales han manifestado su rechazo a la Asamblea Constituyente, incluyendo la posibilidad de medidas o sanciones internacionales; situación que podría concretarse en un eventual aislamiento internacional, que complicarían aún más la precaria situación en la que ya se desenvuelve la actividad económica del país.
Esta situación de incertidumbre no contribuye a generar la confianza necesaria para el desempeño empresarial, lo cual impacta en el deterioro cada vez mayor en los niveles de empleo, producción, abastecimiento y calidad de vida de nuestros trabajadores y de la población venezolana en general.
La creciente inestabilidad política y social nos aleja de la posibilidad de recuperar la economía y la senda de crecimiento y progreso del país.
Reiteramos que se requieren políticas macroeconómicas claras, consensuadas y reglas justas. Urge un ambiente de paz y de confianza propicio para atraer e impulsar la inversión del sector empresarial y así poder trabajar, producir y satisfacer las necesidades de la población a través del esfuerzo nacional.
El país exige un cambio de modelo político y económico. La Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a los grandes problemas que hoy padecen los venezolanos. El Estado debe asumir su rol de garantizar la paz, la seguridad, los derechos humanos, la institucionalidad y el ejercicio de las libertades democráticas.