Fedecámaras rechaza las actuaciones que de manera arbitraria lleva adelante La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en contra de los comercios, obligándolos a vender por debajo del costo, en detrimento del sector y a la larga del mismo consumidor.
El Gobierno profundiza un modelo claramente fracasado, sin importarle que acciones como estas más allá del disfrute en lo inmediato de unos pocos venezolanos, signifique el cierre definitivo de empresas, el aumento del desempleo y la profundización del desabastecimiento.
Recordemos que el país vive una sequía de divisas, desde hace tres meses no se asignan dólares a través del Dicom, el bolívar se devalúa aceleradamente y todo ello produce estragos en el precio final de los productos.
Es el Gobierno Nacional el único responsable de que la calidad de vida de los venezolanos haya llegado a niveles tan críticos como los que vivimos, no el sector empresarial como pretende hacerlo ver.
Venezuela demanda con carácter de urgencia, que se tomen los correctivos necesarios para recuperar nuestra economía nacional y por ende el poder adquisitivo de los venezolanos.
Lo que hace falta es cambiar el modelo económico. La política de controles que por años ha llevado adelante el Estado venezolano, solo ha traído la destrucción del aparato productivo nacional, una galopante inflación, niveles de desabastecimiento como nunca antes habíamos vivido, una corrupción desmedida, y una pérdida de confianza en nuestro sistema económico, y lo más grave es que no existe muestra alguna de rectificación, lo que aleja cada vez más las inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país.
En Fedecámaras no descansaremos en seguir presentando propuestas para solventar los problemas económicos que aquejan al país. Seguiremos exhortando a los consensos entre los distintos actores sociales pero para llegar a objetivos concretos debe existir la disposición al cambio. Seguiremos trabajando en lograr un país productivo y competitivo, donde prive el derecho a la propiedad privada y las libertades económicas.