Desde que se sumó a las protestas de este año contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), parece vivir su propio calvario en su finca “El Gólgota”, ubicada en Chaguaramas, estado Guárico (centro de Venezuela).
Su participación y el llamado al sector agropecuario a formar parte de las jornadas convocadas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática luego de la ruptura del hilo constitucional, le ha valido al gremio inspecciones, amenazas y retaliaciones como la quema de la sede de la Asociación de Ganaderos del Táchira.
Pero también la expropiación de las tierras productivas de 831 hectáreas de Albornoz. Primero fue el anuncio hecho el 26 de junio por el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), José Ávila, en su cuenta de Twitter, y luego la notificación formal el 15 de agosto.
En conversación con El Estímulo, Albornoz asegura, desde Guárico, que la expropiación, aún sin ejecutar, es una retaliación política y que sus tierras no están ociosas como lo informó Ávila en junio.
“El Gólgota” produce anualmente cerca de 2 millones de kilos de maíz al año y más de 1.100 litros de leche al día. Esto representa alrededor de 36 millones de arepas al año y de 1,5 millones de vasos escolares de leche. Además, sacan 45 toneladas de carne, dice.
“Yo sigo en la finca con mi personal”, señala a la vez que confirma que ni siquiera hay presencia de la Guardia Nacional en los predios de su propiedad.
Tiene 46 empleados fijos y en épocas de recolección de maíz y reparación de cercas, los ocasionales alcanzan 130, mientras que los indirectos suman 600 empleos.
Responde con un tajante ¡Jamás! a la pregunta de si se ha planteado cambiar de actividad y menos abandonar el país. Asegura que seguirá produciendo carne y leche desde cualquier parte del país, si fuese el caso, pues ya cuenta con el apoyo de algunos productores.
Lamenta el estado de postración en el que el gobierno ha sumido al campo venezolano, sometido a un creciente problema de inseguridad, falta de insumos, precios regulados y una voraz inflación.
–Tras el amedrentamiento del gobierno ¿Fedenaga se replegará?
–No planteamos ni en lo institucional ni en lo personal replegarnos ni un milímetro, vamos a seguir denunciando y vamos no solo con mi caso, sino con otros. Ya la situación la conocen la Federación de Agricultores Rurales de Mercosur (FARM), todos los gremios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, también la Sociedad de Agricultores Nacional (SAN) de Chile, la Federación de Ganaderos de Colombia, gremios importantes del continente que están preocupados por la situación que vive Venezuela.
–¿Qué medidas tomarán?
–Estamos dispuestos a defender la propiedad privada, vamos a ejercer nuestros derechos. Estamos preparando un expediente que vamos a enviar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Mercosur, a la Organización de Estados Americanos (OEA). Vamos apelar a la vía administrativa en Venezuela y también a la contenciosa. Vamos a demostrar que nuestra finca está totalmente productiva, ya hicimos una inspección judicial
–¿Cuál es el nivel de producción de “El Gólgota”?
–Está sembrada en más de 90% gracias a la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) -ganaderos, maiceros y sorgueros-, que prestó la colaboración y el financiamiento. Vamos a seguir trabajando por el país, nada va hacer que se silencie nuestra voz.
–¿Es rentable ser productor agropecuario?
–El año pasado el kilo de carne estaba Bs 4.000 cuando el dólar paralelo estaba en Bs 1.000 y ganábamos más de lo estamos ganando hoy. No tenemos ningún tipo de rentabilidad, por el contrario estamos subsistiendo. Pedimos créditos a bancos y la propia inflación diluye el valor del crédito, pagamos menos cosas con el valor de los bolívares que nos prestan. En el momento en que se trancan los préstamos la situación se pone mucho más compleja. Es un tema de inflación.
–¿Cuáles deberían ser los precios?
–Tenemos una carne que es 4,3 veces más barata que en Colombia, una leche que es casi 5 veces más económica que en el vecino país y el gran drama es que el consumidor venezolano no puede pagar porque el salario es sal y agua.
–¿Cómo se comporta el consumo?
–El consumo de carne ha caído 41% en la primera mitad del año en comparación con el primer semestre de 2016 y ya era dramático ese año, apenas estábamos consumiendo 7,6 kilogramos y ahora estamos en 4,3 kilos por habitante al año. Es la peor cifra de América Latina. Paraguay consume más de 40 kilos al año, es decir, los venezolanos consumen apenas 10% de la carne de la ingesta paraguaya. Los números de Argentina los colocan con algo más de 25 kilos al año y en Colombia con casi 20 kilos al año per cápita. Esto revela que los venezolanos comen cinco veces menos carne que los colombianos.
–¿Solo ocurre con la carne?
La situación es similar con los huevos y cerdos. En este último caso, el año pasado el consumo por habitante estaba en poco más de tres kilos y hoy se ubica en dos kilos.
Si se trata de pollo es de seis kilos. El consumo de proteínas es mínimo y eso nos tiene en alerta.
–¿Qué se puede esperar para 2018?
–Lo que se viene a partir de febrero no tiene nada que ver con las sanciones del gobierno de EEUU contra Venezuela, simplemente fue lo que se sembró en el ciclo norte-invierno. Lo que tenemos sembrado de maíz alcanza para 17% del consumo de 2018 y lo que tenemos de azúcar no va a llegar a 20% de las necesidades del año entrante. Lo que tenemos de arroz será apenas 25% del consumo. Es decir, no tenemos maíz, hay cero soya sembrada, si no tenemos maíz y soya no vamos a tener tampoco huevos, pollos, cerdos ni leche.
–Pero ¿Se podrá atender la demanda?
–El consumo es tan bajo que vamos a cubrir las necesidades con la producción nacional. En leche estamos por debajo de 25%. Nosotros veníamos avizorando esto y lo dejamos claro al gobierno, pero no se hizo lo correcto. Por el contrario. se sigue dando prioridad a las importaciones de productos de México para los CLAP (programa de racionamiento de alimentos en zonas populares), mientras el campo sigue sin ser cultivado.
–¿No teme que la Asamblea Constituyente se excuse en las sanciones de EEUU para emprender expropiaciones masivas?
–La ANC es ilegal en su origen, así que cualquier acción o acto que emane de ella es nula de toda nulidad.
El plan desde el principio ha sido destruir la propiedad privada y someter a la población para que dependan de los alimentos del gobierno.
–El sector se ha reducido.
–Se ha intentado acabar con el campo porque somos un estorbo para tratar de implantar un régimen totalitario que es la finalidad del gobierno. Al principio lo intentaron con las expropiaciones, luego dejaron que la inseguridad se convirtiera en el primer problema del campo. Se hicieron la vista gorda con los grupos irregulares que operan en la frontera, de las bandas juveniles criminales que actúan en el centro y oriente del país, también en Bolívar y Amazonas. En fin, dejaron que la inseguridad corriera.
Ciertamente somos menos hoy, pero tampoco muchos menos. Hemos dejado de producir porque no tenemos las herramientas.
Hemos buscado alternativas y aún producimos entre 20 y 28% de los alimentos que necesitamos.
–¿Cuántos agricultores han abandonado sus fincas?
–En los últimos 25 años unos 20.000 productores, más que todo por razones de seguridad.
–¿Funciona Agropatria?
– No, y no se importan insumos. No hay de ningún tipo.
–¿Cómo cree que los anuncios económicos del jueves afectarán al sector agrícola y pecuario?
–El alza de precios será más rudo en los tiempos por venir que el mismo desabastecimiento. Será el gran enemigo a vencer. Estamos dentro de una espiral inflacionaria del tipo de un huracán categoría 5.
Mientras el gobierno avanza en su radicalización, Albornoz sigue trabajando en “El Gólgota”, cuyo nombre designa el sitio en las afueras de Jerusalén donde Jesucristo fue crucificado, pero además, es la finca -originalmente de la empresa Protinal- en la que por primera vez en Venezuela se sembró sorgo con la intención de sustituir las importaciones del cereal.