En nombre de las organizaciones sindicales que suscribimos esta declaración, expresamos nuestro reconocimiento a los miembros de la Comisión de Encuesta de la OIT, quienes han realizado una investigación objetiva e imparcial sobre la violación, por parte del Gobierno Nacional, de los Convenios Internacionales del Trabajo numerados 87, 26 y 144, relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, los métodos para la fijación del salario mínimo y la Consulta Tripartita, respectivamente.
Reconocemos la amplitud con la cual el querellante (FECAMARAS) manejó la queja, no como un asunto empresarial sino como un grave problema nacional que repercute en todos los ámbitos de las relaciones de trabajo.
Cumplimos también con el deber de informar a nuestros afiliados y a todos los trabajadores del país que el mencionado dictamen desnuda el empeño gubernamental en destruir el sindicalismo libre y autónomo, en función de lo cual:
- Convirtieron en política de Estado la criminalización de las protestas laborales, la descalificación, el acoso, la persecución, el sometimiento a juicios penales, incluso en la jurisdicción militar, y el encarcelamiento de dirigentes sindicales por defender los derechos de los trabajadores.
- Promovieron la discriminación del sindicalismo autónomo y el favoritismo hacia organizaciones paralelas auspiciadas desde el gobierno y, por ende, sumisas a sus propósitos.
- Secuestraron las elecciones sindicales; las pusieron en manos de un órgano estatal (el CNE) y crearon la “mora electoral”, con lo cual se impide participar en negociaciones y conflictos colectivos a los dirigentes sindicales cuyos períodos se encuentren vencidos.
- Incorporaron al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT) una cantidad de normas que limitan y dificultan la creación, el registro y el libre funcionamiento de las organizaciones sindicales.
- Crearon, mediante ley emanada de la espuria asamblea nacional constituyente, los mal llamados Consejos Productivos de los Trabajadores, adscritos y dirigidos por el ministerio del Trabajo y de los cuales forma parte hasta la milicia.
Todas esas prácticas son abiertamente lesivas a la libertad sindical y contrarias al Convenio n° 87.
En el mismo sentido, se transgrede el Convenio n° 26, conforme al cual el Gobierno tiene la obligación de consultar a las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores, previamente a la fijación del salario mínimo. Como es sabido, desde el año 2000 el fallecido presidente Hugo Chávez prescindió de dichas consultas y fijó mediante su única y arbitraria voluntad el monto del salario mínimo. El señor Maduro ha hecho lo mismo durante todos estos años y lo acaba de corroborar el día de ayer con el anuncio de otro ajuste inconsulto. Por cierto, dichas arbitrariedades no han conducido a otra cosa que a la depauperación del salario real de los trabajadores venezolanos, cuya cuantía ha descendido a niveles incompatibles con la dignidad humana. El sedicente y falso presidente “obrero” nos ha llevado a tener el peor salario mínimo del planeta.
En lo relativo a la consulta tripartita (Convenio n° 144) sobre la aplicación en nuestro país de las normas internacionales del trabajo, la evaluación es aún peor. El mandatario de Miraflores cínicamente argumenta que hace consultas a las organizaciones sindicales sobre las memorias que debe presentar a la OIT cuando, en el mejor de los casos, se circunscribe a enviar cartas informando lo que hará.
En fin, el dictamen de la Comisión de Encuesta deja claramente establecido que el Gobierno ha violado los Convenios objeto de la Queja y tiene la obligación, bajo la observancia de los órganos de control de la OIT, de rectificar y, en consulta con las organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores, tomar las medidas necesarias para su debido cumplimiento.
El Gobierno tiene un plazo de tres meses para comunicarle a la OIT su voluntad de cumplir las recomendaciones del dictamen unánime de los magistrados, que tiene toda la formalidad y el contenido de una decisión arbitral y que, en vista de que la República Bolivariana de Venezuela es miembro de la OIT y aplicando el mandato del artículo 31 de la Constitución nacional, debe ser acatado y cumplido. En vista de ello, el movimiento sindical exige que de una buena vez:
- Se proceda a la inmediata liberación irrestricta de nuestros compañeros Rubén González y Rodney Álvarez.
- Se le otorgue libertad plena a todos los dirigentes sindicales a los que se les han impuesto medidas cautelares.
- Se establezca con meridiana claridad que los sindicatos tienen el derecho de convocar y realizar sus procesos electorales de acuerdo con sus Estatutos y que la intervención del CNE en las elecciones sindicales solo tendrá lugar cuando haya sido solicitada por la propia organización sindical.
- Se deroguen las normas que establecen la mora electoral.
- Se establezcan, en consulta con las organizaciones sindicales, criterios objetivos para determinar la representatividad de las mismas.
En su afán por destruir al sindicalismo libre y a la organización más representativa de los empleadores venezolanos (FEDECAMARAS) e imponer un modelo de relaciones de trabajo bajo el control absoluto del Estado, el gobierno, haciendo uso arbitrario del poder, propició sindicatos a su medida y creó organizaciones empresariales del mismo tenor, con lo cual nos condujo a un desastre que destruyó buena parte del aparato industrial y nos ha sumido en la ruina.
El veredicto de la Comisión de Encuesta hace una radiografía del aludido despropósito y concluye haciendo las recomendaciones indispensables para que, sobre la base del absoluto respeto de la libertad sindical y del dialogo social tripartito, el país tome el camino del progreso con justicia social y equidad, con apoyo permanente de la OIT.
El sindicalismo autónomo e independiente hace suyo el Informe y sus recomendaciones y exige su cumplimiento. Convocamos a la dirigencia sindical a abocarse al conocimiento en detalle de esta importante decisión de la OIT, y a todos los trabajadores del país a levantar las luchas por un salario real digno y ajustado al artículo 91 de la Constitución, por el respeto a la contratación colectiva y por el cese a la represión y la coacción contra los luchadores sindicales y sociales, en conjunción con el respeto a la libertad sindical y al diálogo social como instrumentos fundamentales de un modelo democrático de relaciones de trabajo.
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)
Confederación General de Trabajadores (CGT)
Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA)