Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), informó la CEPAL en un nuevo estudio sobre los impactos de la pandemia en la región. Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer su Informe Especial COVID-19 N⁰ 4 titulado Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, el cual fue presentado por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.
La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. En el informe, se identifican tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados). Los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
“La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región”, advirtió Alicia Bárcena en la presentación del informe.
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes (mipymes). La CEPAL estima que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.
El impacto será muy diferente según el sector y el tipo de empresa. Varios de los sectores fuertemente afectados, como el comercio y los hoteles y restaurantes, cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas. Por ejemplo, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
A partir de marzo de 2020, para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades en las empresas, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas. La CEPAL ha identificado 351 acciones, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción, y exportaciones.
Ante esta situación, la CEPAL enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone cuatro conjuntos de medidas:
- Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.
- Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.
- Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
- Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.
En particular, la CEPAL promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020. Asimismo, propone la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. Se estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del PIB.
Asimismo, la Comisión resalta que es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones. Entre las medidas para la reactivación, la CEPAL incluye, además del cofinanciamiento a la nómina y las mejores condiciones de acceso al crédito, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales.
Estas propuestas complementan a las ya anunciadas anteriormente por la CEPAL.
Según el informe, la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas. Las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas.
“La búsqueda de mayor productividad y eficiencia tiene que avanzar hacia una transformación sostenible e inclusiva. Las políticas industriales activas serán esenciales para evitar que la crisis lleve al cierre de empresas, pérdida de empleos y costos para el medioambiente”, enfatizó Alicia Bárcena.
En este sentido, la CEPAL remarca que las cadenas productivas experimentarían una profunda reorganización. Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Asimismo, la ruptura de redes internacionales de proveedores genera oportunidades para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales, indica el informe.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL remarcó finalmente que la crisis del COVID-19 resalta la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Por ello, son necesarias “políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades”, declaró.
Fuente: Cepal
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