PALABRAS DEL DELEGADO Y CONSEJERO TÉCNICO SUPLENTE DE LOS EMPLEADORES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
FRANCISCO MARTINEZ G. – PRESIDENTE DE FEDECAMARAS.
En nombre de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), organización más representativa de los empleadores de nuestro país, felicitamos al Director General por su informe sobre la erradicación de la pobreza para esta Centésimo Quinta Conferencia Internacional del Trabajo.
Erradicar la Pobreza, es un objetivo primordial. No obstante que las condiciones del entorno político y económico del país no son en este momento las más adecuadas, puede usted contar, Sr. Director, con el apoyo irrestricto del empresariado representado en FEDECAMARAS, para alcanzar tan importante objetivo.
En Venezuela hoy hay más pobres que ayer: desabastecimiento, inflación, inseguridad y pérdida del poder adquisitivo es el saldo de las políticas gubernamentales que han generado, cada vez, más y más pobres en los últimos 17 años. Ya no es posible el trabajo coordinado del sector empleador privado representativo con el sector gubernamental.
En el Consejo de Administración de la OIT está nuestra queja por la aplicación del artículo 26 de su Constitución. Hace más de 2 años una Misión Tripartita de Alto Nivel visito nuestro país, dando sus recomendaciones. Hasta la fecha ninguna de ellas ha sido cumplida.
Lamentablemente, la conducta arbitraria, el irrespeto sistemático al estado de derecho y el desprecio por el Diálogo Social que muestra el gobierno de Venezuela, son las causas directas de la grave situación económica, sanitaria, de desabastecimiento de alimentos y medicamentos, salud y demás bienes de primera necesidad que hoy vive el país. El salario mínimo del venezolano equivale a 30 dólares mensuales. Un hecho que tristemente lleva al trabajador a vivir en los límites mínimos de satisfacción de sus necesidades primarias y de sobrevivencia. El deficiente desempeño de los servicios públicos básicos, tales como: electricidad, agua, hospitales y educación, se suma al cuadro alarmante de precarización de la vida cotidiana del pueblo venezolano; situación ésta que ha sido constatada ya, por distintos organismos internacionales.
Hoy es irrelevante el número de veces que el gobierno aumente el salario mínimo, al no corresponderse esa decisión con políticas que mantengan el poder adquisitivo mínimo. La tendencia inevitablemente es que se agraven los problemas y los nuevos ingresos se evaporan de inmediato.
El entorno para la generación de empleos no puede ser peor.
Ante esta instancia, denunciamos una vez más, la violación a los principios de diálogo social por parte del gobierno de Venezuela. En los últimos 17 años se ha excluido reiterada y deliberadamente la participación de FEDECAMARAS como el organismo más representativo del sector privado del país. Se le desconoce en todos los mecanismos de interlocución y debates que requiere la vida democrática: en la formulación de leyes, en el diseño de la política laboral y en la búsqueda de soluciones a los gravísimos problemas que vive Venezuela. Una revisión de la amplia literatura sobre teoría de la democracia, sugieren que en Venezuela no puede hablarse hoy de la existencia de una democracia, formalmente hablando.
La Ley del Trabajo del año 2012, fue aprobada sin el debido debate parlamentario, y diálogo social. En lugar de ello, el gobierno dictó, sin consulta con los sectores involucrados, una nueva norma bajo el amparo de una Ley Habilitante.
La ley hoy vigente, incorporó una serie de condiciones a la relación de trabajo que atentan contra la generación de empleo y el mejoramiento de su calidad, por cuanto está divorciada de la realidad económica que atraviesa el país y de las tendencias globales en desarrollo en el mundo moderno. Hoy, a cuatro (4) años de su vigencia, la Ley del Trabajo ha sido la causa de un inusitado incremento de la economía informal, en detrimento de la creación de empleo decente, y de otra serie de distorsiones en las relaciones sociales entre empleadores y trabajadores.
Creemos que solo a través de la contribución tripartita eficaz podrán corregirse tales desviaciones y alcanzar un marco legal que garantice empleos decentes y permita que Venezuela se anote en el grupo de naciones que si van a cumplir el objetivo de la Agenda 2030.
Como venezolanos suscribimos la conclusión que presenta el Director General en su informe al señalar que “…puede surgir el peligro de que la participación tripartita sea relegada a un papel marginal o puramente formal. Ese riesgo, y peor aún la exclusión total de la participación tripartita, estaría en contradicción con los principios básicos en que se fundamenta la propia Agenda 2030”.
El efecto perverso no se ha hecho esperar: Se incrementa día a día el ya alto nivel de conflictividad laboral. Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, han tenido que cerrar sus puertas, con el inmediato impacto negativo en la reducción de los puestos de trabajo.
Empresas extranjeras han desconsolidado sus operaciones en Venezuela de sus balances; líneas aéreas han dejado de operar en nuestros aeropuertos; empresas prestadoras de servicios de apoyo a la industria petrolera han decidido cerrar sus operaciones en el país; es cada vez más difícil realizar una llamada telefónica internacional; miles de videos dan la vuelta al mundo mostrando multitudes de venezolanos día a día en interminables filas, a la búsqueda de la alimentación básica para sus familias.
¿Cómo se puede entender esto en un país como el nuestro, en el que se encuentran las reservas probadas de petróleo más voluminosas del mundo?
Es sencillamente insólito…!
Para finalizar, queremos solicitar explícitamente el apoyo de este sólido organismo internacional y del resto de las naciones que creen en la democracia y la libre iniciativa empresarial, como fórmulas de convivencia social y progreso, para que contribuyan a facilitar el diálogo social que se requiere hoy en Venezuela, de cara a superar la crisis económica, restablecer el estado de derecho y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías civiles, políticas, económicas, sociales, de educación, salud, información y de seguridad, consagradas en la Constitución Nacional, que permitan la generación del mayor número de empleos decentes, vehículo imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo.
Muchas gracias.
2 de junio 2016