El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Félix Jiménez, rechazó la resolución 9855, publicada en la Gaceta Oficial N°40.950, que establece que el gobierno puede obligar a las empresas privadas y públicas a prestar a sus trabajadores al área agroalimentaria.
Jiménez calificó la nueva medida como una «amenaza», pues consideró que las empresas podrían tener nuevas pérdidas en los niveles de producción, ante la disminución de su personal, en un escenario donde en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para garantizar los bienes y servicios en el país.
“El nuevo decreto no es una forma viable para que Venezuela pueda aumentar su producción y salir de la crisis que afecta a todos los sectores del país”, estimó Jiménez en una nota de prensa emitida por la Cámara de Comercio de Puerto Cabello.
El representante gremial afirmó que «la suspensión del capital humano de las pocas empresas que quedan activas generará un impacto negativo».
Fuente: El Mundo