El pasado domingo 22 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional, a través de una alocución de radio y televisión, esgrimió una serie de medidas con el objeto de intentar paliar los efectos económicos desarrollados a raíz de la coyuntura producida por el Coronavirus (en lo sucesivo, «COVID-19»).
Estas medidas constituirían las primeras declaraciones oficiales sobre el tema económico debatidas por las autoridades nacionales, y vendrían a complementar lo establecido en el Decreto No. 4.160 emanado de la Presidencia de la República mediante el cual se decreta Estado de Alarma en todo el territorio nacional, a los efectos de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relativos al COVID-19. El referido Decreto No. 4.160 se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.519 Extraordinaria, de fecha 13 de marzo de 2020.
Las medidas anunciadas por Nicolás Maduro pueden sintetizarse en los siguientes siete (7) puntos:
- Se ratifica la denominada inamovilidad laboral hasta 31/12/2020.
- Se activa el plan de pago de nómina por seis (6) meses a través del Sistema Patria.
- Se ordena suspensión del pago de intereses y capital de créditos comerciales por seis meses, al igual que los pagos de alquiler de comercio y de vivienda.
- Ratificación del plan de inversión agroalimentaria para el programa Clap.
- Se ratifican beneficios y medios de protección otorgados por el Sistema Patria.
- Otorgamiento de bonos especiales para trabajadores informales y formales.
- Se establece prohibición del corte de servicios básicos como teléfono, agua e internet a durante el lapso de seis (6) meses.
¿Cuáles son las implicaciones de esta medida?
Preliminarmente, es importante resaltar que las citadas medidas no han sido publicadas en Gaceta Oficial, ni en ningún instrumento normativo, por lo que su desarrollo ulterior puede estar sujeto a diversas interpretaciones por parte de los agentes económicos que hacen vida en Venezuela.
Dicho esto, conviene resaltar que las políticas esgrimidas, en adición a su cuestionable legalidad, representan un retroceso para el desarrollo de la actividad económica en el país. Si bien se reconoce el hecho de que el Ejecutivo Nacional esté desarrollando medidas proclives a paliar la compleja coyuntura derivada del COVID-19, no deja de ser menos cierto que cualquier tipo de decisión relativa al tema económico debe ser cónsona con la naturaleza del mercado y de la propia dinámica productiva y comercial de Venezuela.
Así como es necesario brindar estímulo, asidero y seguridad al trabajador, al obrero y al pequeño emprendedor que hoy puede sentir en jaque su futuro, no puede obviarse el hecho de que la dinámica económica requiere de forma imperativa la existencia de la empresa e industria privada, y de forma particular para nuestra organización, la existencia del comercio.
En tal sentido, una mayor restricción dentro del ámbito de las relaciones laborales, la prohibición del pago de cánones a los arrendadores -que viola el principio de equilibrio contractual en las relaciones de arrendamiento-, el congelamiento o fijación de precios en la provisión de servicios públicos, aún y cuando pudiesen obedecer a las mejores intenciones y Buena Fe por parte del Ejecutivo Nacional, no harán más que informalizar aún más la economía nacional y las relaciones de trabajo, desprotegiendo los derechos laborales que, en principio, se buscan salvaguardar; desmejorando la calidad de los ya maltrechos servicios públicos venezolanos y desincentivando la existencia de arrendamientos, contratos éstos de vital importancia para la actividad económica nacional.
Por su parte, la suspensión de pagos de capital e intereses de créditos comerciales profundizará las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación financiera. Si bien en cierto que, en el corto plazo, esta medida pudiera significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para las mismas.
Conclusión y propuesta
Como quiera que el país y el mundo en general se encuentra atravesando una difícil coyuntura, cuyo desenlace nadie conoce con certeza, las autoridades venezolanas deben unir esfuerzos con el sector privado, de forma tal que éste se convierta en un aliado para y mitigar y paliar las circunstancias que estamos atravesando.
La experiencia mundial sugiere que el sector privado puede convertirse en un pivote para optimizar el manejo de la crisis. Lejos de ser un factor de obstrucción, un obstáculo, la empresa privada, y el comercio en especial, pueden servir de intermediarios entre las demandas ciudadanas y la provisión de bienes y servicios que se requieran, todo ello guiado por el principio de cooperación voluntaria para lograr el beneficio de la gente. Ningún industrial, empresario o comerciante se beneficiará en la parálisis, como tampoco lo hará en un ambiente en el que impere la incertidumbre y la persecución, aunada al desconocimiento de la racionalidad económica.
De este modo, nuestro llamado es a que, por una parte, los factores políticos logren encontrar consensos institucionales que permitan la viabilidad de la nación y, al mismo, tiempo, que las políticas y medidas esgrimidas no se desarrollen con un enfoque unilateral y dogmático.
La economía comprende a todos, y en tal sentido, negar incentivos de diversa índole (fiscales, laborales, productivos) a las empresas, comercios e industrias de los diversos sectores de la economía, lamentablemente destruye valor para el país y complica aún más el ya complejo panorama que Venezuela tendrá que atravesar en los meses venideros.
Fuente: Consecomercio
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