La Cámara Venezolana de la Construcción rechazó el decretó que ordena la ocupación temporal de 60 inmuebles y terrenos en distintos sectores del país, que representarían 380 hectáreas de suelos urbanos.
El gremio señaló: «Las ocupaciones, así como las expropiaciones de inmuebles, lejos de estimular la economía a través de la inversión privada aleja el aporte de los constructores privados que demandan un marco jurídico que establezca, fundamentalmente, la defensa de la propiedad privada», y exhortaron al gobierno a que reconsidere el decreto.
En un comunicado dijeron que no tiene sentido emprender nuevos desarrollos cuando en el país abundan obras paralizadas por falta de recursos.
Los cálculos del gremio indican que en las 380 hectáreas afectadas se pudiesen construir 19.000 inmuebles, que al costo promedio de 73.000 dólares por unidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, representaría una inversión de 1,3 millardos de dólares, lo que equivale a más de 10% de las reservas internacionales.
«Estimamos que en la crisis actual existen otras prioridades, tales como alimentos y medicinas».
Los constructores afirman que el sector privado nacional podría edificar 95.000 unidades e impulsar así el sector, que actualmente registra 75% de desempleo.
Fuente: El Nacional