No satisfecho con haber confiscado tierras, activos, materias primas y productos terminados, el Gobierno ahora pretende confiscar la mano de obra de nuestras empresas, afirmó el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, al fijar posición en torno a la Resolución N° 9855 del Ministerio del Trabajo.
En efecto, mediante esta disposición publicada esta semana en la Gaceta Oficial, se ordena a las empresas facilitar empleados para trabajar en la agroindustria alimenticia pública, norma que además de no haber sido consultada viola la normativa nacional e internacional.
El dirigente empresarial considera que se deben explicar a los principales actores del proceso productivo, los detalles de esta nueva resolución y los alcances que tendrá para las empresas, ya que podría significar pérdidas en los procesos de producción.
-El gobierno nacional, nuevamente dicta una resolución en materia laboral, en forma inconsulta, impuesta que tiende a una especie de nueva confiscación, ya que lo han hecho con las tierras, con los activos, inventarios de materias primas y productos terminados y ahora como que van a la confiscación de nuestra mano de obra, lo cual no agrega ningún tipo de valor para las soluciones, sino que va a empeorar porque unidades productivas que están haciendo sus mejores esfuerzos para mantener la producción de bienes y servicios en el país, y sobre todo en la producción de alimentos, le vas a extraer el personal, lo que incidirá en la disminución de su eficacia y la producción de los bienes y servicios, agudizándose la escasez y el desabastecimiento-, asegura Martínez.
Ratifica el presidente de Fedecámaras que en momento en los que el país está reclamando, medidas concretas de estímulo a la producción, asignación de divisas para las importaciones de materias primas e insumos, el pago de la deuda a los proveedores internacionales, el Gobierno persiste en continuar por el camino equivocado, con lo cual contribuye a agudizar la crisis.
Advierte que se generan nuevas dudas en el país con este nuevo régimen laboral, contemplado en la Resolución 9855, afirmando que se produce una gran incertidumbre alrededor del contenido de esta medida, cuando lo que la economía reclama es más seguridad y confianza.
Fuente: El Impulso