FEDECAMARAS, junto a sus organizaciones afiliadas, manifiesta su profunda preocupación por las medidas en materia fiscal recientemente adoptadas por la Asamblea Nacional, que se configuran en nuevos obstáculos a la iniciativa individual y al desenvolvimiento del sector productivo nacional, muy especialmente, para la pequeña y mediana empresa, constituyendo un freno al desarrollo económico.
Han sido aprobadas recientemente, por una parte, la Ley de Registros y Notarías que entraba y encarece, en gran medida, el quehacer cotidiano de los ciudadanos y el ejercicio de la actividad emprendedora en materia de trámites civiles y mercantiles; y por la otra, la Reforma Parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la cual establece el gravamen sobre personas naturales o jurídicas no calificadas previamente como contribuyentes especiales, independientemente de su capacidad económica, gravando sus transacciones por la utilización como medio de pago, de una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República. Ello, se suma a la voracidad fiscal de los Municipios del país, siendo urgente el establecimiento de medidas de armonización tributaria.
Venimos transitando una severa y dilatada contracción económica, que se vio agravada por la emergencia sanitaria del Covid-19. Ante tal situación, el sector privado brindó y continúa ofreciendo su mejor esfuerzo por mantener la oferta de productos y servicios a la población. Por su parte, la economía recurrió a mecanismos fácticos para enfrentar la crisis y la hiperinflación, que aliviaron el colapso de los medios de pago y la escasez de bolívares, constituyéndose el libre intercambio de la moneda en un factor coadyuvante en la estabilización del tipo de cambio, mayor certidumbre en el sistema de precios y permitiendo, finalmente, la leve recuperación económica observada en los últimos meses.
En particular, una vez anunciada la segunda discusión del Proyecto de Reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en la Agenda de la Asamblea Nacional, el pasado 01 de febrero, FEDECAMARAS dirigió a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, una solicitud formal para la realización de una convocatoria, de manera urgente, a un proceso de consulta sobre el Proyecto que incluyera al sector privado, debido a su impacto en la economía, en las fuerzas productivas del país y en la población, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejecución del Convenio No. 144 sobre la Consulta Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); remitiendo FEDECAMARAS igualmente, sus consideraciones al respecto.
FEDECAMARAS y el sector empresarial que representa, ha dado muestras claras de su voluntad en contribuir a alcanzar la mayor estabilización macroeconómica del país en el menor tiempo posible y en la preservación y generación del empleo y, en este sentido, ha mantenido de manera firme y permanente, su disposición al diálogo frente a todos los actores sociales para lograr este objetivo.
Lamentablemente, la consulta no tuvo lugar. El instrumento legal fue sancionado por la Asamblea Nacional el pasado 3 de febrero, sin contar con la discusión que incluyera a los actores sociales, económicos y empresariales, establecida en las citadas disposiciones.
La reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en los términos planteados, contraría la realidad del mercado y va en contrasentido a una sana política de desarrollo económico, sobre todo si tomamos en cuenta que las empresas aún se encuentran en proceso de restablecer su patrimonio, luego de su afectación por la pandemia y las medidas de cuarentena, entre otros factores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que se incorporan junto con las personas naturales, como contribuyentes del citado impuesto y que, más bien, exigen de todo el apoyo para hacerse sostenibles y evitar que continúe el cierre de empresas en el país.
En efecto, la reforma aprobada a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras:
a) Extiende el gravamen a nuevos contribuyentes, especialmente los de menor capacidad contributiva, como personas naturales y pymes y no alude a un monto mínimo de la transacción, por lo que no luce equitativo y su calificación de “grandes” transacciones no es acorde con su objetivo.
b) Introduce incertidumbre sobre todo para el ciudadano común, que verá incrementado el costo de sus transacciones, al hacerlas en otra moneda, en un momento en que el uso de la divisa pretende proteger sus ingresos y ahorros, por lo que la reforma incentivará la evasión y la informalidad de los negocios y transacciones.
c) Desincentiva la inversión, pues genera una merma patrimonial no justificada en la producción de riqueza y mayores restricciones en el flujo de caja de las empresas.
d) Constituye un impuesto general a las transacciones en moneda extranjera, que se extiende no solo a los «débitos bancarios», sino también al consumo, implicando un riesgo de doble tributación, al aplicarse en conjunto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya Ley contempla una «sobre alícuota» para los casos de enajenación de bienes y prestación de servicios cuyo medio de pago sea moneda extranjera (aunque el Ejecutivo aún no la ha definido).
e) Tampoco es deducible del Impuesto sobre la Renta, lo que le atribuye rasgos confiscatorios.
f) Es permanente, aunque este tipo de impuesto debe ser aplicado en circunstancias excepcionales y por tiempo determinado, por sus efectos distorsionantes en la economía.
g) Establece alícuotas muy elevadas (entre 2% y 20%), obviando la situación actual del país y la experiencia económica internacional.
h) Rompe la neutralidad del tributo por cuanto persigue determinar la escogencia de la moneda de pago, representando un castigo a la utilización de la divisa para la protección o resguardo patrimonial (personal y empresarial), sin considerar las realidades presentes de restricción de circulación de la moneda nacional y baja capacidad de financiamiento, así como obra contra la política de incentivo y formalización del mercado de compraventa de divisas a través de la banca, que se tradujo en más de 2 millones de cuentas a la fecha.
Una recuperación del poder de compra del bolívar y de su uso en las transacciones en el mercado venezolano es un objetivo loable y deseable; pero ello debe ser impulsado por políticas monetarias y macroeconómicas de largo plazo que busquen frenar la inflación y fortalecer la moneda nacional, con base en una mayor productividad y un verdadero dinamismo económico que genere, en lugar de un mecanismo meramente recaudatorio, incentivos reales para abandonar la utilización de otras monedas de pago.
La adopción de este tipo de medidas, que tienen tan alto impacto en el desenvolvimiento de la economía, de las empresas, de los empleos y en el ejercicio de las libertades ciudadanas, deben ser ampliamente discutidas en la sociedad para garantizar un rumbo de crecimiento económico, estable y de futuro, que impulse la concreción de emprendimientos e inversiones y la protección de las pequeñas y medianas empresas, potenciando asimismo el poder adquisitivo del ingreso de todos los venezolanos, a fin de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa.
Igualmente, el Estado conjuntamente con la iniciativa privada, deben promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, como lo rezan los artículos 112, 299, 308, 317 y 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El llamado de FEDECAMARAS a los Poderes Públicos es al encuentro, a buscar soluciones en conjunto, incorporando, sin demora, la participación activa del sector privado como factor fundamental del desarrollo y progreso social de nuestro país. Solo las Naciones donde existe cooperación entre sector público y privado las que logran avanzar integralmente.
Nuestro compromiso es Venezuela.