Venezuela atraviesa por una de sus más graves crisis económicas. Una crisis caracterizada por hiperinflación, como resultado de la desmedida impresión de dinero inorgánico, caída del sector productivo, disminución del poder adquisitivo del venezolano y desconfianza en el Estado para la inversión, como consecuencia de los controles estatales.
Ante esta situación, el pasado 17 de agosto el ejecutivo nacional anunció una serie de medidas económicas con el objetivo de dar solución a estas problemáticas. Sin embargo, ha caído nuevamente en una de sus más grandes equivocaciones del pasado: la persecución de los empresarios y comerciantes, en un ataque constante al sector privado.
Acosar, desacreditar y perseguir al empresario por ajustarse a una realidad, y tomar decisiones que afectan al sector sin consultar con empleadores y trabajadores de forma tripartita, es enviar una señal de inestabilidad para el buen funcionamiento del sector privado. No se puede colocar en los hombros de las empresas toda la responsabilidad de las consecuencias que han generado políticas económicas erróneas aplicadas por el gobierno.
“En este momento histórico, un gobierno comprometido con mejorar la calidad de vida de toda su población, trabajaría de la mano del sector privado, pese a diferencias ideológicas. Las empresas no tienen ideologías”, expresó el primer vicepresidente de Fedecámaras, en el estado Bolívar, José Alfredo Olivo.
No obstante, aunque las empresas no tienen ideologías, sí siguen una máxima: el capital está donde hay seguridad. En este momento Venezuela no ofrece eso y aún así el empresario sigue dando la cara al público, garantizándole calidad de servicio y cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades con los venezolanos, porque para él, fomentar la vida cotidiana, contribuir a la vitalidad y mejora continua de la comunidad, y servir al país como un actor fundamental de la sociedad, es motivo de orgullo.
En una de sus alocuciones, el presidente Nicolás Maduro se refería despectivamente como “los nuevos ricos” a los contribuyentes especiales, aquellos cuyos importes superan, en el caso de personas naturales, las 7.500 Unidades Tributarias de ingresos brutos anuales, o en su defecto, un importe de ventas o prestación de servicios superior a las 625 Unidades Tributarias en alguno de los últimos 6 meses que se muestran en su declaración del IVA, y en el caso de las personas jurídicas, de 30.000 Unidades Tributarias y de 2.500 Unidades Tributarias respectivamente. Lo que como gremio nos lleva a cuestionarnos: ¿por qué está mal visto ser productivos en Venezuela?
Más allá de eso, esa categorización está muy lejos de la realidad. Los empresarios que han adquirido la calificación de “contribuyentes especiales” se enfrentan a un panorama poco prometedor: falta de financiamiento, escasez de materia prima, control estatal que solo genera pérdidas, y trabajo al mínimo de la capacidad y sin escape de la realidad económica.
En esas condiciones el margen de ganancia no es muy amplio y quien se queda, es porque ha decidido transitar junto a sus empleados esta situación. El empresario que asume el compromiso de quedarse e invertir en Venezuela, es porque le apuesta al país y a los venezolanos, y ha decidido hacer frente a las continuas amenazas y medidas que pretenden acabar con el sector privado.
Decisiones, aunque necesarias, desmedidas, como el actual incremento de salario, ponen en riesgo la capacidad financiera de las empresas que hasta ahora han hecho el esfuerzo de mantener sus nóminas y un buen clima laboral, a través de incentivos económicos que situaban sus salarios muy por encima del decretado por el gobierno, o programas de solidaridad con los empleados.
Lo desmedido de estas decisiones se puede ver, por ejemplo, en los pasivos laborales. El pasivo laboral es la deuda implícita generada durante los años que el trabajador presta servicio a la empresa, el cual fija su valor en el último salario recibido, un monto que después del incremento, muchas empresas con un número de empleados elevado y con más de 15 años de antigüedad cada uno, no estarán en la capacidad de pagar.
Y el riesgo más grande no lo corren los empresarios, sino el ciudadano. Hasta el momento se ha visto el resultado de la estatización: empresas que otrora eran bandera de producción nacional, han sido quebradas por el mal manejo al que han sido sometidas. Y esto no tiene nada que ver con política; un estado con un déficit como el que presenta Venezuela, necesita del apoyo del sector privado y la inversión extranjera para más que generar ganancias, lograr bienestar social, experiencia y nuevas tecnologías, y una distribución equitativa entre productores, consumidores y gobiernos en el que haya sostenibilidad y seguridad entre todas las partes.
En conclusión, desde Fedecámaras Bolívar esperamos una rectificación con respecto a las medidas por parte del ejecutivo, ya que el éxito de ellas, es el éxito de la nación, y finalmente ratificamos nuestra firme posición y compromiso, como el gremio empresarial más grande del país, de seguir apostándole a Venezuela.