FEDECÁMARAS, CONINDUSTRIA, CONSECOMERCIO, FEDENAGA Y FEDEAGRO, expusieron ante la Comsión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional propuestas para aumentar la producción nacional.
Durante el proceso de Consulta Pública de la Ley de activación y fortalecimiento de la Producción Nacional, el presidente del gremio empresarial, Francisco Martínez, manifestó la importancia de dar pasos firmes en el establecimiento de las bases y principio fundamentales de este proyecto de Ley para salir de la grave crisis por la que se encuentra Venezuela y de este modo, satisfacer las necesidades de la población.
Destacó que esta Ley que se promueve desde el Parlamento sería un reglamento «especial, transversal y transitoria» que promueva la creación de condiciones que contribuyan a incrementar la oferta de bienes y servicios a corto plazo y que introduzca las reformas mínimas necesarias a las regulaciones en vigor que afectan mayormente la producción, para luego permitir el desarrollo de las reformas estructurales del entramado de leyes económicas existentes para adecuarlas al sistema de economía social de mercado previsto en el texto constitucional.
Por su parte, el presidente de CONINDUSTRIA, Juan Pablo Olalquiaga, sostuvo que el principal reto será cambiar la cosmovisión rentista del venezolano por una visión de productividad, que a su juicio, requiere liderazgo. Destacó que actualmente la industria opera 40% de su capacidad instalada y que este porcentaje «continúa disminuyendo».
El presidente de FEDENAGAS, Carlos Albornoz, propuso la creación de Zona Especial Económica Fronteriza y consideró que este año «es imposible resolver el problema económico». Infirió que de no ajustarse las medidas necesarias «parte del año venidero estaría comprometid».
Desde el punto de vista de los establecimientos comerciales, el vicepresidente de CONSECOMERCIO, José Cinnirella, señaló que las propuestas entregadas al Parlamento también están centradas en la seguridad jurídica de las empresas en el país. «Queremos que Venezuela tenga una industria fuerte como era hace 20 años atrás».
El vicepresidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkings, resaltó la necesidad de eliminar la Ley de Tierras y expandir la frontera agrícola.
Entre tanto, los empresarios mostraron 5 medidas fundamentales para aumentar la producción nacional, entre estos se encuentran:
1) En materia de precios, las distorsiones presentes derivadas de la Ley Orgánica de Precios Justos no son sostenibles y ameritan una derogatoria o revisión profunda de esa Ley que debe considerar el alcance de la regulación, la diversidad de estructuras de costos de distintos productos, las cadenas de distribución necesarias y el diseño objetivo de los tipos penales, que hoy son demasiado genéricos y que terminan promoviendo la arbitrariedad en la aplicación de las sanciones.
Entendemos que el desmontaje de este control sea gradual tomando en cuenta la capacidad adquisitiva del venezolano, pero aspiramos a que la Ley, al menos, siente las bases para una aplicación limitada del control de precios, con una mínima intervención del Estado y con el reconocimiento al margen de ganancia razonable.
Es cierto que en muchos países del mundo, existe regulación de precios, pero limitada a una lista corta de artículos esenciales y bajo reglas claras sobre todos los costos reales a considerar y sobre los mecanismos de actualización de precios. Cuando menos, deben quedar establecidos en la Ley, principios fundamentales como que las empresas no pueden producir a pérdidas y que sea la competencia la que, en general, determine la reducción de los precios, junto con la garantía a las empresas de solicitar su actualización periódica, sobre todo cuando se trata de productos que requieren materias primas importadas, así como el mencionado derecho a la defensa y al debido proceso previo a la imposición de cualquier sanción.
2) En materia cambiaria, mientras se establece un programa progresivo hacia la unificación cambiaria, es necesario reconocer el derecho de importar con divisas propias o producto de operaciones directas entre particulares, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, incluyendo del derecho a utilizar una tasa de cambio razonable a efectos contables.
Esta ley también debe contemplar la asignación prioritaria de divisas oficiales para la adquisición de materias primas e insumos importados para la producción, por parte del sector primario, secundario o terciario. El Estado debe igualmente garantizar respuesta oportuna a las solicitudes de adquisición de divisas, respetando el principio de proporcionalidad en la asignación de divisas entre el sector público y privado.
En esta materia, sería muy beneficioso que el Estado presente su presupuesto y planificación para el suministro de divisas en función de las prioridades o preferencias y los cupos o proporciones asignables o disponibles.
3) En materia fiscal, se requieren estímulos a la producción para las inversiones a mediano y largo plazo e incentivos financieros para la modernización del aparato productivo nacional. Medidas como beneficios fiscales a las nuevas inversiones en el impuesto sobre la renta, descuentos especiales en sectores prioritarios, exenciones de pago de aranceles y facilidades crediticias que agilicen la adquisición de maquinarias, equipos y nuevas tecnologías, serían muy favorables para incentivar la producción.
En otro orden de ideas, deberían prohibirse o desaplicarse cualesquiera impuestos sobre la producción, debiendo pecharse sólo al momento de venta del producto. Asimismo, es necesario establecer durante la vigencia de la Ley, la prohibición de nuevas contribuciones parafiscales y una armonización tributaria.
El costo en Venezuela de los impuestos parafiscales y de administración de la gran cantidad y diversidad de tributos a pagar por las empresas llega a ser de los más altos del mundo. Tenemos más de 20 contribuciones parafiscales establecidas por distintas leyes (INCES, BANVIH, LOCTI, Antidrogas, Cultura, Deporte, Telecomunicaciones, Seguros) que agregadas a la carga fiscal regular sobre la renta, alcanza ya el 65,5% de la utilidad neta de las empresas. Hay que atender a criterios de racionalidad y evitar que la carga impositiva se traduzca en un efecto confiscatorio.
Debería, asimismo, reconocerse como costo la carga tributaria en la determinación de los precios y restablecerse el ajuste por inflación. Sería también plausible que, durante la vigencia transitoria de esta Ley, se estableciera que, como mínimo, el 50% de los recursos aportados puedan ser reasignados a las empresas para ejecutar proyectos orientados a fortalecer la producción y la mejora tecnológica, así como a la capacitación de los trabajadores o a desarrollar directamente los objetivos de esta Ley, en contrario a la situación de hoy, donde se desconoce el destino de la gran cantidad de recursos aportados por el sector privado.
4) En materia de trámites y procedimientos administrativos, es bien recibida la simplificación y la desaplicación temporal de aquellos que se consideran innecesarios. Por su parte, las respectivas autoridades administrativas deberían presentar planes específicos de simplificación de trámites para garantizar el abastecimiento seguro de bienes y servicios.
En todo caso, debería incluirse la consideración de que, a falta de respuesta por parte de la Administración, se aplique el silencio positivo y que, pasado un tiempo prudencial sin respuesta, el trámite se considere aprobado; ratificar la necesidad de proporcionalidad de las sanciones, prohibir los cierres, comisos y penas privativas de libertad y generar medidas sustitutivas de las multas, así como garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso y la tutela judicial en casos de especulación y acaparamiento.
Finalmente, proponemos que cualquier nuevo trámite de autorización o permiso que el Ejecutivo pretenda implantar, requiera la presentación previa a la Asamblea Nacional de un análisis costo-beneficio de la medida propuesta.
5) En cuanto a las medidas a adoptar por el Gobierno Nacional: Debe exigirse al Estado la adopción de las medidas necesarias para detener la inflación y la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, para lo cual éste debe presentar un plan de estabilización macroeconómica y sus ajustes al menos cada 6 meses, incluyéndose un mandato de reducción del gasto público y de disciplina fiscal.
Los aumentos salariales y de bonificaciones no salariales siempre estarán muy detrás de la inflación, por lo que el Estado debe adoptar políticas sociales directamente dirigidas a recuperar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, incluyendo mecanismos de financiamiento a tales efectos y reflejar estos aspectos en la aludida planificación. Asimismo, en ese Plan deberían contemplarse las consideraciones para el sostenimiento y mejoras en la infraestructura y en la prestación de los servicios públicos, en particular, de electricidad y agua y los Planes de Seguridad que faciliten el incremento sostenido de los niveles de producción.
Para garantizar el abastecimiento y acceso oportuno a bienes y servicios esenciales, el Ejecutivo Nacional debe igualmente presentar los siguientes Planes:
· Plan de aprovisionamiento de materias primas e insumos para la producción de bienes y servicios esenciales en el país.
· Plan para la reactivación de empresas públicas dedicadas a las actividades regidas por la presente Ley, y cuya actividad se encuentra paralizada o suspendida.
· Plan para el Abastecimiento Seguro de los sectores de menores recursos.
El presidente de FEDECÁMARAS destácó que en el diseño de estos Planes, «debe garantizarse la participación de todos los sectores interesados, en especial, trabajadores, proveedores y gremios que los agrupan, así como de las comunidades, como formas de control ciudadano que contribuirán a garantizar la producción y el abastecimiento».